El visado de residencia para inversores extracomunitarios dará también derecho a sus titulares a trabajar en España. Los visados se conceden a quienes invierten en deuda pública, fondos de inversión o sociedades capitales y a quienes adquieren una vivienda de más de medio millón de euros.
Así consta en una de las treinta enmiendas parciales que el PP ha registrado en el Congreso al proyecto de Ley de Segundad Oportunidad, y que modifica varios aspectos de los visados de residencia para inversores, que el Gobierno creó en 2013 mediante la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización.
Según la propuesta «popular», la concesión del visado de residencia para inversores extranjeros constituirá título suficiente no sólo para residir, sino también para trabajar, y además se extiende este efecto a todo el tiempo que dure su vigencia, que se limita a un año.
Por otra parte, se matiza qué tipo de inversiones se han de realizar para tener derecho a este visado, manteniendo los dos millones de euros en deuda pública española pero precisando que el millón de euros en acciones o participaciones deberá ir a una sociedad con actividad real, a un fondo de inversión de cualquier tipo pero constituido en España o a depósitos bancarios en entidades financieras nacionales.
Para estos casos, el Gobierno amplía de 60 días a un año el plazo en el que el inversor puede acreditar haber realizado el desembolso mínimo exigido. Si se ha comprado un inmueble de más de 500.000 euros pero aún no ha formalizado la operación, se podrán conceder permisos de seis meses si se presenta el precontrato con garantía y un certificado de una entidad financiera que constate que dispone de la cantidad necesaria para abonar la cuantía, con cargas e impuestos.
También para los representantes
Además, el Ejecutivo abre la puerta a conceder este tipo de visado al representante que el inversor designe en España para gestionar un proyecto de interés general, siempre que se justifique la necesidad de este nombramiento.
Respecto a las autorizaciones de residencia, que siguen los mismos principios que los visados, el PP amplía de dos a cinco años los periodos sucesivos de renovación «siempre y cuando se mantengan las condiciones que generaron el derecho». No se tendrán en cuenta, sin embargo, las «fluctuaciones del mercado» a la hora de valorar si la cuantía de la inversión ha cambiado.
Los traslados intraempresariales para trabajar como directivo o especialista recibirán una autorización ICT UE de un máximo de tres años, o de uno si el trabajador llega para formarse, y tendrán vigencia en toda la UE previo cumplimiento de los requisitos que impongan otros estados miembros. En el resto de supuestos o superada la duración máxima de uno o tres años prevista para estos casos, el extranjero deberá solicitar una autorización nacional diferente.
Para simplificar los trámites a las empresas o grupos que quieran solicitar el traslado de varios trabajadores a la vez la normativa prevé una tramitación colectiva, y permite que estas compañías se inscriban durantes tres años renovables en la Unidad de Grandes Espresas y Colectivos Estratégicos, lo que las eximirá de acreditar ciertos requisitos en el momento de la petición.
Con todos estos cambios, el Ejecutivo de Mariano Rajoy da por incorporada a la normativa española la direciva comunitaria relativa a las Condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países en el marco de traslados intraempresariales.
Para más gente
Además, el Gobierno ha decidido que no sólo los hijos, también los padres de Inversores y emprendedores extranjeros que se muden a España por razones laborales podrán acceder al visado o autorización de residencia de larga duración.
Hasta ahora, el cónyuge y los hijos menores de 18 años, o mayores de edad que por razones de salud no podían proveer sus necesidades, eran los únicos que podían solicitar la autorización de estancia y el visado de residencia para poder acompañar o reunirse con un extranjero que se mudara a España para invertir, emprender, investigar o trabajar.
Con el cambio propuesto por los «populares» se permite esta posibilidad a la pareja (aunque no esté casado) y a los ascendientes a cargo del extranjero, y se matiza en el caso de los hijos mayores de edad, que quedarán cubiertos por este derecho si, «dependiendo económicamente del titular, no han constituido por sí mismos una unidad familiar», independientemente de su situación de salud.
Si un matrimonio en régimen de gananciales lleva a cabo la inversión y no se duplican los límites marcados se considerará que sólo ha sido efectuada por uno de ellos, debiendo el otro solicitar visado de residencia como familair y cumplir, por tanto, los requisitos establecidos.
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